Un hombre que fue acusado de hacerse pasar por abogado y estafó a una compañera de trabajo por $ 17 millones deberá devolver el dinero, hacer tareas comunitarias y donar plata con fines benéficos. Así lo decidió el juez Bernardo L’Erario Babot, del Centro Judicial Capital, al otorgar el beneficio de la suspensión del juicio a prueba a Rubén Osvaldo Díaz, un hombre de 41 años. La resolución judicial impone al imputado la obligación de reparar económicamente el daño causado y cumplir con un estricto régimen de conducta para evitar el avance de la acción penal en su contra.
El caso fue impulsado por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, bajo la dirección de Diego López Ávila, tras detectar una maniobra engañosa que se extendió durante varios meses del año pasado. La investigación penal preparatoria determinó que, entre junio y octubre de 2025, Díaz se aprovechó de la confianza de una compañera de trabajo, a quien contactó un mes después de que fuera despedida de su empleo. Simulando contar con título habilitante, el acusado le ofreció asesoramiento jurídico e intervención profesional para iniciar un supuesto juicio por despido laboral. Además de la falsa representación legal, la fiscalía acreditó que el imputado propuso gestionar trámites vinculados a una certificación de discapacidad y una pensión, lo que llevó a la víctima a realizar 16 operaciones bancarias por un total de $ 17 millones.
Para acceder a la suspensión del juicio, el magistrado aceptó el ofrecimiento económico realizado por Díaz, quien se comprometió a pagar la suma de 15 millones de pesos a favor de la víctima. El cronograma de pagos estipula un desembolso inicial de $ 5 millones durante el mes de marzo, seguido de cinco cuotas consecutivas de $ 2 millones cada una entre abril y agosto del presente año. El fallo advierte que, en caso de que la damnificada decida no aceptar este ofrecimiento, el monto deberá ser destinado a una entidad de bien público, quedando habilitada para la denunciante la vía civil correspondiente para reclamar el saldo restante de la estafa original.
En su decisión, el juez L’Erario Babot dispuso “hacer lugar a lo solicitado por la defensa técnica con el acuerdo del Ministerio Público Fiscal y en consecuencia disponer la suspensión del juicio a prueba a favor del imputado Díaz por el término de un año”. Asimismo, el magistrado resolvió “disponer que durante el plazo de dos años el imputado cumpla con las siguientes reglas de conducta: fijar domicilio, abstenerse de portar armas de fuego, de utilizar estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas”.
Estas medidas buscan garantizar que Díaz, defendido por el abogado José Sánchez Martínez, mantenga un comportamiento adecuado mientras dure el proceso de control supervisado por el Poder Judicial. Como parte de la reparación social del daño, Díaz deberá realizar tareas comunitarias en la Fundación Manos de Amor y Solidaridad, ubicada en la localidad de El Manantial, durante dos horas semanales por un lapso de seis meses.
Adicionalmente, se le ordenó efectuar una donación de 100.000 pesos a la Escuela de Ajedrez Peón Rey de Tafí Viejo. La resolución también impone una medida de protección fundamental para la víctima: “la prohibición de acercamiento del imputado a la víctima y su grupo familiar en un radio no menor a 200 metros, debiendo abstenerse de realizar cualquier acto de perturbación, hostigamiento o intimidación vía e-mail, Facebook, WhatsApp o cualquier otro medio”.
Finalmente, el fallo judicial establece que el seguimiento de todas estas obligaciones quedará a cargo de la Oficina de Control de Acuerdos y Reglas de Conducta. Debido a que las partes renunciaron a su derecho de impugnación durante la audiencia, la sentencia quedó firme de inmediato. La auxiliar de fiscal, Emely Rafael, quien participó en las etapas previas de la investigación, había solicitado originalmente medidas de coerción para garantizar el proceso, las cuales culminaron ahora en este acuerdo que prioriza la reparación económica de la víctima y el cumplimiento de servicios a la comunidad por parte del falso profesional.